El lunes 27 de junio a las 10:00 a.m., el Director de la Fiscalía suspendió el proceso criminal contra los 13 de Santa Cruz, y declaró que “no tenemos la intención de presentar cargos contra ellos tampoco en el futuro”.
Esta desestimación pone fin a un año turbulento para los 13 de Santa Cruz, durante el cual sufrieron la violación de sus derechos civiles, la destrucción de las tierras sagradas de su comunidad, y una persecución política que perturbó la vida de sus 13 familias.
¿Se ha enterado usted de este caso?
Bueno, el año pasado un individuo beliceño entró a la villa de Santa Cruz sin el permiso de la población, y por ello en violación de las normas consuetudinarias mayas. Este hombre se apropió de un terreno y comenzó a construirse una casa, de nuevo sin autorización. El terreno es el sitio de un templo maya. El hombre niveló el terreno con un buldócer y levantó su casa encima del templo. Los líderes comunitarios intervinieron repetidamente, pero el hombre se negó a abandonar el lugar. El alcalde de la villa llamó a la policía de Punta Gorda, que se negó a intervenir. En junio de 2015, los pobladores acordaron mediante votación demoler lo que se había construido sobre las ruinas del templo, y expulsar al individuo de la comunidad. En la mañana de la demolición, el hombre irrumpió en una reunión comunitaria, agredió al alcalde y amenazó con disparar contra varios pobladores si no lo dejaban quedarse con el terreno.
Por eso la verdadera cuestión aquí no es si Rupert Myles fue discriminado. La verdadera cuestión es conocer cómo una cosa semejante pudo ocurrirles a los 13 de Santa Cruz.
He aquí lo que ocurrió:
20 de junio de 2015:
Tras asaltar a los pobladores mientras destruía el sitio maya precolombino Uxbenká e invadía propiedad maya, el señor Myles fue detenido por el alcalde de Santa Cruz. Al siguiente día, fotos de Myles esposado fueron colocadas en Facebook. En las fotos, que se tomaron inmediatamente después de “cinco horas de tortura”, según alegó Myles, este aparece sonriente y posando para las cámaras.
Foto tomada al señor Myles el día en que supuestamente lo agredieron.
En la entrevista que le hicieron mientras estaba esposado, Myles argumentó que poseía el derecho constitucional a vivir donde quisiera, pero no negó que había buldoceado el terreno de un templo sagrado, ni que ese templo era un sitio protegido.
En momento alguno ningún poblador lo atacó o le causó daño.
Finalmente, ambas partes han reconocido que Myles fue detenido durante una fajina, que es un evento que ocurre cuando las villas mayas se reúnen para de conjunto desyerbar las tierras. Por eso es que se ven machetes al fondo.
23 de junio de 2015
El primer ministro de Belice, Dean Barrow, declaró lo siguiente en una entrevista para la televisión: “Desde mi punto de vista, ellos [los 13SC] han perdido cualquier peso moral que hayan tenido… Amarrando a este hombre, confinándolo falsamente, agrediéndolo físicamente; ¡esto es absolutamente intolerable!, y les digo algo: voy a procurar por todos los medios que las autoridades competentes tomen cartas en este asunto”.
24 de junio de 2015
La policía militarizada irrumpió en la villa de Santa Cruz antes del amanecer. Más tarde, ese mismo día, se acusó formalmente a 12 pobladores del delito de “falso confinamiento”, delito que no existe en el Código Penal beliceño (siete meses después, otro poblador resultaría acusado, pese a haberse vencido el plazo legal para la incoación del sumario). Entre los acusados se encontraba Cristina Coc, defensora de los derechos humanos internacionalmente reconocida, que no participó en la detención del señor Myles. Cristina es vocera de la Alianza de Líderes Mayas (MLA por sus siglas en inglés), principal litigante en la mayoría de los casos de conflictos por el derecho a la tierra, y miembro del comité directivo maya que dialoga actualmente con la Comisión Toledo Maya de Derechos Territoriales.
De acuerdo con un funcionario que desea permanecer en el anonimato, los 13SC fueron conducidos a la estación de policía aprovechando la oscuridad de la noche, sin zapatos ni camisas, y sin orden de arresto por escrito. También se les negó acceso a asesoría legal inmediatamente después de su detención. Si todas estas cosas fuesen ciertas, constituyen violaciones de la Constitución.
Madres y esposas de los 13 de Santa Cruz llevan sus brazos en cabestrillo para protestar por las heridas que sufrieron sus hijos y esposos cuando fueron arrestados el 24 de junio, pese a no haberse resistido al arresto.
Un mes más tarde, el 24 de julio de 2015…
Bajo una creciente presión internacional para que se respetase el derecho de los mayas, el Director del Instituto de Arqueología, John Morris, confirmó que el señor Myles había destruido el templo, contraviniendo la ley beliceña, y que se presentarían contra él cargos tanto penales como civiles.
Seis meses después…
El 20 de febrero de 2016, cuando se le preguntó por qué no se habían presentado los cargos, el señor Morris explicó que el Director de la Fiscalía le había solicitado que arreglara el asunto fuera de las cortes, negociando con el señor Myles su abandono del sitio. El 1 de abril de 2016, el señor Morris declaró que Myles había abandonado la villa, que no habría acusación penal ni reclamación civil, y que en definitiva el daño en el sitio Uxbenká no había sido causado por el señor Myles, sino por un poblador maya. El 14 de abril, la población de Santa Cruz emitió un comunicado de prensa a través del MLA, en que afirmaba que el señor Myles seguía viviendo sobre el templo. En mayo de 2016, el gobierno de Belice declaró que no procesaría al señor Myles porque no poseía pruebas de que este hubiera cometido algún delito.
Algo trágico está ocurriendo en Toledo…
La discriminación contra las comunidades y las personas indígenas adopta usualmente la forma de leyes que son abiertamente discriminatorias, o que se aplican en forma igual a todos, pero que tienen consecuencias adversas para los pueblos indígenas. En Belice existe una tercera fuente de discriminación: el rechazo explícito y sistémico por parte de los funcionarios públicos a respetar, aplicar y reafirmar el imperio de la ley en lo que respecta al pueblo maya.
Protesta de las madres mayas de la villa de Santa Cruz contra el procesamiento de los 13SC.
Un Estado que rechaza respetar el imperio de la ley es peligroso para todos los beliceños
Para que la supuesta “agresión” de los 13SC contra el señor Myles hubiera ocurrido, era necesario que este se hubiera mantenido en activa comisión de los siguientes delitos: amenaza de destruir propiedad, posesión de equipo con el propósito de destruir propiedad, y destrucción de propiedad, todo esto de acuerdo con el Código Penal; daño premeditado a un monumento antiguo, y remoción premeditada de materiales de un determinado sitio arqueológico, de acuerdo con la Ley de Monumentos Antiguos y Antigüedades; invasión de tierras mayas, según la Ley de Cortes Inferiores; violación de la normas consuetudinarias mayas de posesión de las tierras, normas que han sido protegidas constitucionalmente mediante el common law; y una serie de daños adicionales, según el derecho consuetudinario maya (véase la moción de 2011 presentada por el alcalde para delitos cometidos bajo la ley maya).
Fuerte presencia policial durante el juicio de los 13 de Santa Cruz, en la mañana del 30 de marzo de 2015.
¿Acaso no están protegidos constitucionalmente los derechos mayas de propiedad de la tierra?
Lo que quizá resulta más terrible es que el incidente y los subsiguientes arrestos ocurrieron siete años después de que las comunidades mayas obtuvieran un reconocimiento de titularidad por parte de la Corte Suprema, que extendía a las tierras mayas la protección constitucional de la propiedad agraria. También los arrestos se produjeron solo ocho semanas después de que el gobierno de Belice fuese conminado por la Corte Caribeña de Justicia (CCJ) a proteger los derechos mayas de propiedad de la tierra y a cesar cualesquiera acciones —ya sea por parte del propio gobierno o por terceros actuando con su tolerancia— que pudieran afectar adversamente a las tierras mayas. Por tal razón las acusaciones contra los 13SC constituyen un ataque directo a las disposiciones de la CCJ, a las atribuciones legales de los alcaldes, a los defensores de los derechos humanos y al imperio de la ley en Belice.
La Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas,Victoria Tauli-Corpuz, se manifestó contra la interferencia política en el juicio de los 13SC por parte del Primer Ministro, cuyas acusaciones públicas de culpàbilidad fueron hechas incluso antes de que los 13SC fuesen arrestados y llevados ante un tribunal.
Ninguna acción disciplinaria se ha tomado contra los funcionarios estatales que incumplieron con su obligación de proteger los derechos constitucionales de los mayas
Antes del 20 de junio, la villa de Santa Cruz, con el apoyo de la Asociación de Alcaldes del Distrito de Toledo, la Alianza de Líderes Mayas y su asesoría legal, enviaron múltiples cartas a la policía de Punta Gorda, a la Fuerza de Defensa de Belice y al Instituto de Arqueología (IOA por sus siglas en inglés), solicitando la expulsión del señor Myles de la villa. Ninguno de los funcionarios encargados de la protección de la propiedad, así como tampoco el IOA —cuya obligación es proteger los sitios arqueológicos— respondieron a la solicitud que se les hizo.
Pocos meses más tarde, la policía de Punta Gorda y el IOA fueron notificados por escrito de que la construcción erigida por el señor Myles iba a ser desmantelada el 20 de junio. No respondieron. El día del incidente, el alcalde llamó a tres diferentes estaciones de policía, y todas se negaron a ayudar a la población. En otras palabras, los funcionarios estatales estaban al tanto de los delitos cometidos por señor Myles, y decidieron a plena conciencia no investigar, no presentar cargos y no intervenir en forma alguna en una disputa que se agravaba, pese a que tenían la obligación legal de hacerlo. Hasta ahora han sido inmunes a cualquier sanción, salvo por la pendiente demanda civil presentada contra el gobierno por no cumplir con su deber de proteger la propiedad de la villa de Santa Cruz.
Por todo ello, el presente caso no es precisamente un choque entre la ley beliceña y la ley maya. Es sobre un Estado que no asume su deber de imponer las leyes de Belice en lo que respecta a los ciudadanos indígenas.
La policía de Punta Gorda catea a los familiares de los 13SC cuando asisten al juicio. Cateos como este no se practican en ninguna corte de Belice. No resulta claro quién dio la orden de catear a los familiares, pero el objetivo parece ser la intimidación.
Los 13 de Santa Cruz no cometieron ningún crimen
¿Cómo puede entonces el Estado justificar este juicio? No puede. Es por ello que prosiguió la investigación criminal incluso después de que se fijara la fecha de inicio de las audiencias, lo que resultó en múltiples suspensiones, y comprometió el derecho de los acusados a un proceso justo y rápido. Hasta el día de hoy el juicio se ha suspendido en nueve ocasiones diferentes; he aquí una lista de las razones:
Una historia de irrazonables postergaciones…
Julio 2015: No presentación de pruebas en tiempo antes del juicio, pese a que incluso la policía había estado en posesión de esas pruebas antes del arresto de los 13SC. El juez también cambió el inexistente delito de “falso confinamiento” por el de agresión común y agravada.
Septiembre 2015: Se mantiene la no revelación, por la policía o el fiscal, de las pruebas que deben ser presentadas en tiempo para el juicio.
Octubre 2015: Ídem.
Noviembre 2015: Ídem.
Diciembre 2015: Ídem.
Febrero 2016: El fiscal-policía (sí, usted leyó bien) informa a la corte que se necesita un aplazamiento porque va a ser remplazado por el Director de la Fiscalía. Este último es el fiscal de más alto nivel en Belice, y resulta improcedente para su cargo conocer de denuncias por agresión.
Marzo 2016: Se le pidió al magistrado original que se recusase a sí mismo, luego de que se presentaran evidencias de parcialidad. No se pudo conseguir a tiempo un nuevo magistrado para el juicio.
Marzo 2016: Uno de los abogados defensores de los 13SC se sintió enfermo por intoxicación alimentaria, y pidió que el juicio fuese pospuesto para otra fecha.
Nota: Al octavo aplazamiento, el abogado defensor solicitó que se retirasen los cargos contra dos de los SC13, ya que estos dos hombres no habían sido mencionados en ninguna de las declaraciones de los testigos, y habían sido detenidos por la policía sin causa justificada. No se brindó ninguna excusa o explicación por parte de la Procuraduría, cuya única respuesta fue “está bien”. El juez estuvo de acuerdo, y retiró los cargos.
Mayo 2016: El Director de la Fiscalía solicitó una nueva fecha para el juicio, porque necesitaba tiempo adicional para traducir una grabación de audio/video de la detención del señor Myles, que era conocida por la policía desde junio de 2015, pero que olvidó traducir. El Director de la Fiscalía prometió entregar en 7 días una copia del video a la defensa, como está establecido por ley.
27 de junio de 2016: Se retiran todos los cargos contra los 13 de Santa Cruz.
Traducido del original en inglés: https://medium.com/@Belize_Blogger/the-santa-cruz-13-freed-fd458458571b#.lo4reys36
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